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Por su parte, el fundador y primer presidente de la filatélica, Albertino de Figueiredo, que iba a comparecer hoy como imputado por segunda vez, excusó su asistencia por "motivos de salud", según informaron fuentes jurídicas. El juez trasladó su declaración para el 17 de diciembre.

A su llegada a la Audiencia Nacional, Cano explicó que toda la documentación que ha aportado a la causa, elaborada por las diferentes administraciones del Estado, ha confirmado el carácter "mercantil" de la entidad, y afirmó que si el Banco de España, la CNMV y la Agencia Tributaria, entre otros, han ratificado el carácter mercantil "todavía no sabe qué hace en los juzgados".

Durante su comparecencia, de una hora de duración, Cano aportó la sentencia de 16 de julio de 2007 dictada por el Tribunal Supremo en la que ratificaba una resolución de la Audiencia Nacional que determinó el carácter mercantil de la compraventa de filatelia y lo calificó como "un pacto fijo y no una deuda", por lo que la empresa estaba obligada, según el Plan General de Contabilidad, a realizar provisiones en lugar de previsiones, según explicó el propio Cano.

Asimismo, el ex presidente de Afinsa aportó un manual sobre instituciones financieras del año 1998, prologado por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que se incluye un capítulo especial de inversiones no financieras que describe la actividad de Afinsa y un informe en los mismos términos del Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid Ángel Rojo.

Por último, Cano tenía previsto aportar a la causa el texto de la nueva Ley de Bienes Tangibles, aprobada la semana pasada por el Congreso, donde se ratifica el carácter mercantil de la actividad. Su entrega no fue posible dada la corta duración de la declaración. "Si no hubieran intervenido Afinsa, en tres años la firma se habría adaptado a la nueva Ley", concluyó a la salida.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía afirmaron tras la declaración que los argumentos exhibidos por el imputado resultan "fácilmente rebatibles".

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Cano por presuntos delitos de estafa, fraude fiscal, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental y administración desleal por la supuesta actividad delictiva de Afinsa que originó un agujero de 1.823 millones de euros y afectó a más de 190.000 clientes.