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Había sido convocada por el representante de APBA, Ignacio Paunero Hernando, que protestaba por el presunto maltrato de animales por parte de una empresa pública ubicada en Puerto Real (Cádiz).

Según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, dicha concentración, que estaba autorizada por la Subdelegación del Gobierno exclusivamente en la Plaza de San Juan de Dios, se trasladó "sin permiso alguno" a la puerta de la Iglesia, donde en ese momento se celebraba el acto solemne de la renovación del voto de la ciudad a la Patrona, la Virgen del Rosario.

Así, a las puertas del templo, "un grupo importante de exaltados profirieron insultos e incluso llegaron a entrar a la Iglesia finalizando la celebración litúrgica", apuntó el Consistorio, que añadió que, a la salida de la iglesia, estas personas "se abalanzaron contra la Corporación, lo que obligó a intervenir la Policía Local".

Fruto de estos hechos, el equipo de Gobierno ha puesto en conocimiento de los servicios jurídicos lo sucedido y ha denunciado ante los tribunales estas prácticas que, según apuntaron, vulneran el Código Penal. Además, los denunciantes consideraron responsable al convocante de esta concentración, Ignacio Paunero Hernando.

El Ayuntamiento lamentó que el fin de esta protesta tuviera una "injusta derivación" hacia uno de los 16 ayuntamientos que tienen concertado este servicio obligatorio de recogida de animales. Además, hizo un especial hincapié en que desde el Consistorio se rechaza cualquier práctica dañina contra los animales, "motivo por el que se paga un servicio mensual para que sean atendidos por profesionales veterinarios".

A juicio del Consistorio, los hechos ocurridos hoy "demuestran que algunos manipuladores han querido cebarse con un ayuntamiento que no tiene ningún animal abandonado en sus calles y que ya tiene denunciado dicho contrato con la presunta empresa infractora desde hace seis años". No obstante, apuntó que al salir a concurso este servicio y quedar desierto, el Ayuntamiento por Ley se ve obligado a continuar con la misma empresa.

Por último, el equipo de gobierno lamentó la "falta de previsión" de la Subdelegación del Gobierno autorizando estas concentraciones en el entorno de la celebración de una fecha "tan importante para los gaditanos, siendo conocedora además del proceso penal abierto y de que es asunto no exclusivo de la ciudad de Cádiz sino de otros 15 municipios más". Por este motivo, dijo esperar que el subdelegado del Gobierno en Cádiz tome medidas, "al haberse incumplido por parte de los convocantes de la concentración lo autorizado por esta institución".