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La eléctrica española aseguró que EDF es "el Estado francés" y que se está ante "un asalto" por parte de Francia a Iberdrola, con la intención de "perjudicar la situación de un competidor".

Por su parte, EDF solicitó el alzamiento de las medidas cautelares al considerar que "no tienen justificación" o que, en su caso, se sustituyan por una caución de 200.000 euros. Los representantes de la compañía francesa afirmaron que "no tienen obligación" de dar la información requerida judicialmente y denunció una campaña de "acoso" por parte de Iberdrola.

Estas fueron las principales argumentaciones de las dos partes que esta mañana tuvieron ocasión de expresar sus alegaciones en una vista, que quedó pendiente de resolución. El juez deberá decidir si mantiene las medidas cautelares establecidas en el auto que dictó el 25 de marzo, si las modifica o si atiende la petición de EDF de que se revoquen.

En la vista celebrada hoy, Iberdrola pidió que se mantengan esas medidas cautelares y justificó la necesidad de su establecimiento ante "el perjuicio" a la compañía. Su representante legal, Mario Fernández, criticó que EDF se presente como una "niña desvalida" cuando, en realidad, la compañía es el "vehículo" del Estado francés y "es el Estado francés", señaló.

En este sentido, afirmó que lo que está sucediendo es "una historia de asedio" a Iberdrola por parte de Francia. Además, negó que EDF sólo se haya pronunciado una vez sobre esta cuestión y denunció la "prepotencia" de la compañía y del Estado francés. "Aquí hay un asalto por parte del Estado francés a Iberdrola", insistió.

Fernández añadió que el objetivo es "perjudicar la situación de un competidor suyo en el mercado" y afirmó que de lo que se está hablando es de "competencia desleal". Asimismo, calificó de "ridículo y sarcástico" que se diga que esta actuación de EDF ha sido consentida por Iberdrola.

La defensa de la eléctrica se opuso al alzamiento de las medidas cautelares y a la caución sustitutoria solicitada por EDF de 200.000 euros, que, según precisó, suponen "ocho minutos del Ebitda de EDF", y dijo que la adopción de estas medidas pretende que el grupo galo "cese en hacer lo que hace".

A juicio, se está ante una empresa que "ha puesto sus ojos en el Estado español" y que desarrolla "una práctica de desinformación o de informaciones contradictorias" para "debilitar la posición de un competidor".

Por su parte, otro de los letrados de Iberdrola, José Masaguer, denunció que se está "ante un caso de competencia desleal" y, por tanto, ante la "injerencia y obstaculización" en la actividad de Iberdrola.

Energy East

Asimismo, advirtió de que, el hecho de que EDF no aclare sus intenciones, conlleva la posibilidad de pérdida de proyectos o de "endurecimiento" de las condiciones en algunas operaciones. En concreto, señaló que eso es lo que está ocurriendo con la compra de Energy East, que el regulador americano, ante la posibilidad de que Iberdrola pueda ser "troceada", imponga restricciones en el reparto de dividendos.

En este sentido, defendió la necesidad de dictar las medidas cautelares porque, además, existe el "riesgo" de que esta actitud "se repita y no cese" en el futuro. Además, consideró que el "silencio" de EDF "no tiene explicación".

La defensa de Iberdrola denunció que la compañía francesa ha incumplido "una norma de buena práctica del mercado" y aseguró que todos los "rumores" están "promovidos y alimentados por portavoces de EDF". "Si no tienen intención, exige desmentir y, si existe intención, exige confirmar", añadió.