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La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la reproducción y venta ilegal de repuestos de aviones y helicópteros de combate a un país de Oriente Medio "sometido a embargo por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas". Fuentes de la investigación confirmaron que el comprador era una empresa ligada al Gobierno de Irán.

Sobre los seis imputados, todos ellos de nacionalidad española, recaen acusaciones de contrabando y delitos contra la propiedad industrial. Esta última acusación se debe a que la empresa dedicada a producir las piezas lo hacía copiando originales sin ningún tipo de licencia. Esas piezas servían de recambios para aviones de combate F-4, F-14, para los Hércules 630 y otros de apoyo logístico, así como helicópteros.

La situación de la empresa, que llevaba años vinculada al mercado aeronáutico, le había proporcionado los contactos suficientes como para que sus "servicios" fueron demandadas por la empresa iraní. El hecho de que no respetase los controles exigidos para realizar las piezas y su posterior venta le proporcionaba grandes beneficios.

El Gobierno de Mahmoud Ahmadineyad está sometido a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas números 1737 (diciembre de 2006) y 1747 (marzo de 2007). Por esta última, el Consejo de Seguridad decidió que "Irán no aportará, venderá o transferirá directa o indirectamente de su territorio o por sus residentes, o bien a través de barcos con bandera iraní, cualquier tipo de armas o material relacionado, y prohíbe a todos los Estados la venta de dicho material al Gobierno iraní".

"Materiales exóticos"

La empresa madrileña fabricaba las piezas mediante complejos procesos de clonado y para ello hacía pedidos a empresas de medición y mecanizado. Según la Guardia Civil, la fabricación de esas piezas requería del empleo de "materiales exóticos", como aleaciones de diversas sustancias que cuentan como materia prima esencial un acero de "altísima calidad".

La "Operación Cureña" constituye la primera contra el contrabando de material de defensa y doble uso en cumplimiento de los acuerdos y internacionales suscritos por España para el control de exportaciones de este tipo de productos.

Aún no se ha cuantificado el beneficio de la empresa durante varios años de actividad, pero los registros de las sociedades vinculadas a la red permitieron la incautación de material por valor superior a 2 millones de euros.