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La lectura, que tendrá lugar en las instalaciones de la Casa de Campo de Madrid donde se desarrolló la vista oral, correrá a cargo de la presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carmen Paloma González, que formó el tribunal junto con los magistrados Juan Francisco Martel y Ángeles Barreiro.

El juicio por el escándalo financiero de Gescartera quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre tras tres meses de vista oral. Durante las 39 jornadas que duró el juicio se depuraron las responsabilidades de 14 imputados por el presunto desvío de 50,22 millones de euros, según los cálculos del Ministerio Fiscal.

El principal acusado es el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, para el que la Fiscalía pide once años de prisión por presuntos delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad en documento público y mercantil.

El fiscal, Vicente González Mota, pide otros once años de cárcel para el "número dos" de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, y para el principal comercial de la entidad, Aníbal Sardón. Les siguen la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, el consejero Francisco Javier Sierra de la Flor y el informático Miguel Ángel Vicente González, para los que reclama ocho años de prisión.

También están acusados la administradora de AGP Inmaculada Baltar, el asesor Agustín Fernández Ameneiro, el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, el testaferro Carlos Pascual Ortín y los empleados de "La Caixa" José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats.

El fiscal retiró la acusación contra la mujer de Camacho, Laura García Morey y contra la contable de Gescartera, Ángeles Leis. La mayoría de las acusaciones particulares mantuvieron la imputación contra ellas.

En el juicio estuvieron personadas alrededor de 40 acusaciones, el Ministerio Fiscal, Caja Madrid Bolsa y "La Caixa", como responsables civiles subsidiarios, partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que sumaron un total de 100 partes personadas. El sumario ocupó más de 50.000 folios.

Entre las acusaciones particulares estuvieron personadas la Fundación Once, poseedora del 10% del capital social de Gescartera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Español de Misiones Extranjeras o las Hermanas Dominicas.

El "caso Gescartera" surgió en 2001 cuando la CNMV intervino la agencia de valores, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación.

La repercusión del escándalo alcanzó al entonces Secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, que dimitió.