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La representante del Ministerio Público basó su petición en la gravedad de los hechos que se les imputan, la posible obstrucción a la acción de la justicia, abuso de autoridad y la alarma social creada, a falta de que se celebren todavía otras nueve audiencias.

La jueza comenzó ayer a tomar declaración a los agentes, a quienes les imputan los delitos de extorsión y coacciones. En concreto, al máximo responsable de la Policía local de Coslada se le imputan delitos contra la Administración, la libertad sexual y por tenencia ilícita de armas. A su "número dos", de nombre Carlos, se le acusa de asociación ilícita, delitos contra el patrimonio, contra la Administración, lesiones, amenazas y contra la libertad sexual.

Todos los cabecillas se declararon ayer inocentes de los cargos que se les imputan por su presunta implicación en la red de extorsión a comerciantes del municipio. El delito común del que se acusa a todos los detenidos es "asociación ilícita" por pertenecer al grupo "Bloque", palabra que incluso llevaban tatuada en el cuerpo.

Por su parte, el abogado Alberto Fernández Palacios, que representa a Carlos, criticó que la fiscal utilice como argumentación la alarma social puesto que este indicio es "inconstitucionalmente improcedente puesto que no está previsto en la Ley". "La alarma social la ha creado el pueblo y los medios de comunicación", indicó.

Una vez que concluyan las audiencias, la jueza dictará el auto de prisión contra los imputados y se prevé que, aquellos sobre los que pese una orden de ingreso en prisión, abandonen las dependencias judiciales con destino al módulo 8 del centro penitenciario de Alcalá Meco, destinado a los funcionarios.

Ayer, los otros dos imputados, Adrián Jaranego y Jorge López Aznar, ingresaron en la prisión de Soto del Real por orden del titular del Juzgado número 21 de Madrid, ante el cual declararon durante la jornada del domingo.

Precisamente, es previsible que la jueza de Coslada se inhiba a favor del titular del Juzgado número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, que instruye el caso a raíz de un investigación de la Brigada de Policía Judicial. Según los abogados, el magistrado dispone de abundantes pruebas incriminatorias contra los imputados, tales como videos, testigos protegidos, seguimientos, y la documentación incautada en los diferentes registros realizados. "Lo tienen todo controlado y bien atado", indicó Fernández Palacios.