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La resolución por expediente muy grave puede conllevar varios años de inhabilitación e, incluso, la expulsión del Cuerpo.

El primer paso que dará la Dirección del Instituto Armado será abrir el expediente disciplinario correspondiente a cada uno de los guardias, lo que implica el nombramiento de un secretario y un instructor. Sin embargo, ese expediente se paralizará hasta que la Justicia ordinaria dicte una resolución firme, momento en el que se retomará para depurar responsabilidades internas.

Los delitos por los que están acusados los guardias, entre ellos, el tráfico de drogas, infringen varios puntos de los incluidos en las faltas muy graves, según la Ley Orgánica aprobada el pasado año y que establece el nuevo Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. La apertura de un expediente puede implicar la suspensión de funciones de los agentes, lo que a buen seguro ocurrirá en este caso, según las fuentes consultadas. Esto implica suspensión de empleo y de los complementos del sueldo.

Una vez resuelto el expediente informativo por el instructor del caso, éste se elevará al Consejo Superior de la Guardia Civil y la sanción final tendrá que ir firmada por el director general de la Policía y la Guardia Civil.

Declaración ante la juez.

El guardia civil Francisco Yepes, destinado desde hace 10 años en El Molar, y otro agente de la Benemérita, que ingresó en el Cuerpo hace un año aprovechando el cupo establecido para personas procedentes de las Fuerzas Armadas, declararán hoy ante la juez de Instrucción número 8 de Alcobendas, Nieves Bayo.

El alto nivel de vida de ambos guardias e irregularidades detectadas por la Comandancia de Madrid hizo que ésta trasladase esa información a la Unidad de Asuntos Internos del Instituto Armado, que inició una investigación que acabó con el descubrimiento de la trama de pequeños narcotraficantes a la que pertenecían presuntamente los dos agentes del Instituto Armado.