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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que regula el otorgamiento a la empresa Escal UGS, S.L. de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, dando derecho al almacenamiento de gas en una estructura geológica submarina a 21 km de la costa de Castellón.

El Plan General de Explotación propuesto por el concesionario contempla la construcción, desarrollo y explotación del almacenamiento en dos etapas: una primera durante la que se preparará la estructura geológica para poder almacenar gas y una segunda fase que prevé el llenado de este almacenamiento. La concesión se otorga por un periodo de treinta años, prorrogables por dos periodos sucesivos de diez años.

El Real Decreto no presupone la autorización ni la ubicación de las instalaciones que sean necesarias para el desarrollo del proyecto, y en particular, no se pronuncia sobre las características de las instalaciones en tierra.

La autorización de las instalaciones debe ser objeto de una tramitación independiente que requerirá la evacuación de una Declaración de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y una Autorización Ambiental Integrada, por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Valencia. La tramitación de esta autorización también incluye la petición de informe a todos los organismos y municipios afectados, así como la información pública del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, sobre los que todos los interesados podrán formular alegaciones que serán tomadas en consideración.

El proyecto Castor es fundamental para el sistema gasista español, deficitario en capacidad de almacenamiento, comparándose con otros países europeos. En España contamos con 2 almacenamientos subterráneos, frente a países como Alemania o Francia que cuentan con 42 ó 15 respectivamente.

El almacenamiento permitirá garantizar la seguridad de suministro y la flexibilidad operativa del sistema de gas natural al duplicarse la capacidad de almacenamiento del sistema y triplicarse la de extracción. Un hecho que resulta especialmente importante y beneficioso para los consumidores domésticos, que al tener un consumo fuertemente estacional, deben soportar un mayor coste de suministro por la falta de disponibilidad de capacidad de almacenamiento.

La inversión del proyecto se prevé en más de 1.000 millones de €, generando más de 1.000 empleos durante la fase de construcción y 100 empleos directos durante la operación, estimándose que los indirectos pueden alcanzar estacionalmente una cifra superior en 4 ó 5 veces los directos.

El lo que se refiere al impacto ambiental y la seguridad del proyecto, ambos son claramente gestionables, ya que el presente Real Decreto otorga el derecho a almacenar gas en una estructura geológica submarina sin prejuzgar la ubicación de las instalaciones terrestres.