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De esta manera, la empresa estadounidense responde a las informaciones que apuntaban que se había convertido en un objetivo para los fiscales federales.

Blackwater calificó de "infundadas" las acusaciones de que estaba "asociada" o que actuaba como "cómplice" en actividades ilegales realizadas con armas y añadió que no tiene constancia de que "ningún empleado" suyo haya "exportado armas de forma incorrecta".

La Fiscalía estadounidense en Raleigh, Carolina del Norte, se ocupa de la investigación, con la colaboración de auditores del Pentágono y del Departamento de Estado. Aunque el proceso se encuentra en su fase inicial, los auditores concluyeron que existen suficientes pruebas para presentar cargos contra la compañía.