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Salvadó depositó su "confianza en la Fiscalía y en la justicia en general", para que determinen si la empresa ha incurrido en un delito, tanto durante la emisión al exterior de las citadas partículas como en la posterior gestión de la información.

Salvadó pidió al Ejecutivo central "medidas drásticas" sobre esta fuga, y que actúe de forma "contundente, rápida y eficaz para hacer frente a esta situación", que tuvo lugar en noviembre, pero salió a la luz este mes.

Retó al Estado a tomar "decisiones drásticas" contra la central si ésta no es capaz "en las próximas semanas de trasladar a las Administraciones y a la sociedad la confianza necesaria sobre su capacidad de gestión".

El delegado del Govern pidió también al CSN que utilice los "canales de sanción y de control necesarios" sobre la actividad de la central, además de instarle a incrementar de manera "urgente" todos los sistemas de control y de seguridad de Ascó.

Recordó también que, pese a todo, el CSN asegura que la fuga no supone un "riesgo de contaminación", por lo que las partículas vertidas no afectan a la salud de los ciudadanos. Además, apuntó que se están realizando revisiones sanitarias "por precaución", que han "demostrado la ausencia total de contaminación".