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Esta medida pretende facilitar el posterior tratamiento de estas fuentes de alimentación como residuo y, si es posible, para que sus componentes sean reciclados bajo los principios de que "quien contamina paga" y "la responsabilidad es del productor".

Así, estas fuentes de alimentación deberán recogerse de forma selectiva por parte de las administraciones públicas en domicilios, comercios, oficinas u otros lugares, para su traslado a plantas de tratamiento y reciclaje, servicio que será gratuito para el poseedor final de pilas, acumuladores o baterías, y que será sufragado por los productores, que no podrán indicar al usuario final el desglose del coste de estas operaciones.

El objetivo es que, como mínimo, el 31 de diciembre de 2011 se logre recoger el 25 por ciento de estos residuos, cifra que aumentará hasta el 45 por ciento, a partir de la misma fecha de 2015. Asimismo, en 2009 se deberá recoger el 90 por ciento de los residuos de pilas y acumuladores de automoción que hayan sido vendidos a los usuarios en el año precedente al de la recogida, y hasta el 95 por ciento en 2011.

En cuanto a los fabricantes de aparatos que contengan esta fuente de alimentación, deberán diseñar sus productos de forma que las pilas se puedan extraer con facilidad, mientras que los productores de pilas y acumuladores portátiles y de automoción, tendrán que indicar su capacidad energética de forma visible, legible e indeleble.

El nuevo Real Decreto indica también que, de acuerdo a las informaciones que las comunidades autónomas estarán obligadas a suministrar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se creará de forma anual el Inventario de Gestión de Residuos de pilas y acumuladores usados, que se incorporará al Inventario Nacional de Residuos.

Ciudadanos con "obligación ecológica"
Los usuarios finales tendrán derecho a estar informados de la gestión de los residuos a través de campañas de concienciación ciudadana u otras acciones por las que se deberán exponer los efectos potenciales sobre la salud y el medio ambiente de las sustancias contenidas en pilas, acumuladores y baterías; los sistemas de recogida y reciclaje de que disponen; de los puntos de recogida así como de su papel como ciudadanos en la entrega y devolución gratuita de estos residuos.

La nueva norma establece el "significado cívico y la obligación ecológica" del conjunto de la sociedad de no abandonar las pilas, acumuladores y baterías, y en especial los que están clasificados como peligrosos. Así, todos aquellos que posean alguno de estos estarán obligados a entregarlos en los puntos de recogida selectiva o en los establecimientos de vendedores para su tratamiento. El precio final de estos incluirá el coste de la gestión ambiental, sin que ese importe figure por separado en el precio de venta al público.

Por último, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente emitirá un resumen de las cantidades de cada tipo que se pongan en el mercado español por cada productor y se eliminarán las pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, mercurio o plomo.

Según datos de la Fundación Ecopilas -integrada por los principales fabricantes de pilas-, en España se gastan cerca de 322 millones de pilas al año y su fabricación consume hasta 50 veces la energía que generan. De todos los metales que contienen las pilas, el más peligroso es el mercurio. Desde 2007 está prohibida en España la comercialización de pilas alcalinas cuyo contenido de mercurio sea superior a cinco partes por millón, aunque las pilas de botón son la excepción.