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"Iberdrola no estudia tomar medidas judiciales contra ACS, ya que no es un competidor, sino que controla a un competidor", señalaron las fuentes, en alusión a la participación de control, del 45,3%, que posee la constructora en Unión Fenosa.

En concreto, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán centrará sus esfuerzos judiciales en denunciar a EDF o al Estado francés para evitar una operación de control sobre su capital.

Ayer, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao dictó un auto que concede a Ibedrola medidas cautelares frente al grupo francés por competencia desleal y que insta a EDF a publicar en el plazo de cinco días un anuncio con sus intenciones sobre la eléctrica.

A nivel europeo, la compañía ha emprendido cuatro acciones distintas en contra de la eléctrica de Pierre Gadonneix o el Estado francés. La más reciente es una denuncia ante la Comisión Europea contra Francia por supuestas ayudas estatales a EDF por más de 5.000 millones de euros.

A finales de febrero, Iberdrola anunció que había presentado una denuncia ante Bruselas por la supuesta ilegalidad de los blindajes de EDF. En esta demanda, arremete contra el mecanismo que, a modo de "acción de oro", permite al Gobierno designar a los principales directivos de EDF y que condiciona la venta de acciones del Estado en la compañía al visto bueno del Parlamento.

Apenas dos días después, dijo que se personaría en el expediente abierto por la UE contra la compañía estatal por abuso de dominio en el mercado doméstico francés.

El 6 de marzo, la eléctrica española anunció la apertura de un nuevo frente, que consistió en solicitar al Tribunal de Luxemburgo que se permita a Iberdrola sumarse a las pesquisas de la Comisión Europea acerca de las presuntas ayudas estatales.