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Así, la Fiscalía advierte que, aunque "la mayor parte" de las condenas por delitos contra la seguridad vial lo son a pena de multa o prisión suspendible, quedando reservado el ingreso en prisión para los supuestos más graves de homicidio y lesiones, el 1 de marzo de 2008 había 1.446 reclusos por delitos contra la seguridad vial en los centros penitenciarios españoles, sin contar con los centros penitenciarios de Cataluña.

Además, la memoria anual advierte del impacto que está teniendo la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2007 en la penas en beneficio de la comunidad. Así, de las 1.187 sentencias recibidas por los servicios penitenciarios de la Comunidad de Madrid, 1.066 provienen de delitos contra la seguridad vial, y de los 176 planes remitidos, 49 están relacionados con la seguridad vial.

Según la Fiscalía, de "mantenerse constante esta situación", a finales de 2008 se habrían dictado en Madrid 3.198 sentencias condenatorias a trabajos en beneficio de la comunidad y se habrían aprobado 147 planes de ejecución, quedando a final de año, por tanto, 3.151 sentencias por delitos contra la seguridad vial pendientes de ejecutar.

Por su parte, de las 2.962 sentencias recibidas por los Servicios Sociales Penitenciarios catalanes, 1.377 eran relativas a seguridad vial. Por otra parte, la memoria destaca el dato de que, si bien fueron 1.705 los planes de ejecución remitidos en 2007, las actividades totales gestionadas en ese mismo año fueron 2.680. Las actividades gestionadas durante los dos primeros meses de 2008 fueron 1.200.

Para la Fiscalía, estos datos revelan "la necesidad de que todas las instituciones implicadas se esfuercen por desarrollar" la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y asegura que el cumplimiento de este tipo de penas "podría suponer un cambio en el modelo penal y la configuración de serias y más extendidas alternativas a la pena de prisión", por lo que el sistema jurídico-penal "ganaría en legitimación y cumpliría una función de pedagogía social".