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Es cierto que las circunstancias de una sociedad que navega a velocidades de vértigo hace muy difícil compaginar el ejercicio pleno de ese deber con una vida laboral también frenética. Pero no es menos cierto que el derecho a la educación, con sus vertientes, conlleva el deber irrenunciable a educar que los padres asumen al dar la vida a sus hijos.

«Los colegios -afirman quienes defienden el papel primordial de la familia en la educación- son entidades colaboradoras pero nunca pueden sustituir a los padres en esta responsabilidad».

Primeros pasos

El derecho de los padres a educar a sus hijos se asienta en el derecho natural, porque ellos son los que les han transmitido la vida, y conlleva la obligación, que debe ser reconocida por todos, de educarlos. Además, los hijos son dependientes de sus padres en todos los ámbitos del desarrollo personal, no sólo en el sustento y los cuidados físicos, sino también en la adquisición de los primeros hábitos de autonomía personal. Asimismo, el papel de los progenitores en el desarrollo emocional de los niños «es fundamental en los primeros años, ya que las carencias afectivas son una de las causas más importantes del fracaso escolar», aseguran los pedagogos.

La escuela católica, representada por la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), la Confederación católica de padres Concapa, la Confederación de padres de alumnos Cofapa y otras organizaciones aconfesionales -CECE, USO o FSIE, entre otras-, defensoras de la libertad de enseñanza sostienen que los poderes públicos «no tienen el derecho a educar a los ciudadanos porque ese derecho corresponde ante todo a los padres, a quienes se ha de asegurar la libertad de decidir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, sin más límites que los impuestos por el ordenamiento constitucional: el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

En su reciente congreso, FERE-CECA, que acoge en sus centros a un millón y medio de escolares, ha alertado sobre la situación que plantea la «quiebra de los mecanismos de socialización familiar» que obliga a la escuela a asumir tareas familiares. «Es una situación que debe corregirse», asegura, porque «padres y escuela no deben disputarse el ámbito educativo, sino trabajar unidos en esa importante misión de educar para la vida». Y «todo ello, respetando la absoluta libertad de los padres en la elección del centro que esté en consonancia con sus principios educativos, religiosos y morales».

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha pedido también en su reciente congreso fórmulas que «permitan al existencia de distintos modelos de centros docentes para dar respuesta adecuada a la variada demanda social». Ha resaltado también la fuerza de los padres en el proceso formativo de sus hijos.

Es cierto que, por diferentes razones y según se desprende informes sobre calidad y fracaso escolar, un número considerable de familias hacen recaer en el colegio todo el peso de la educación, abstrayéndose del proceso formativo de sus hijos.

Las mencionadas organizaciones sostienen que los padres no pueden delegar totalmente, ni mucho menos abdicar, de su obligación de educar porque el papel de la familia es insustituible, aunque debe delegar en la escuela para que le ayude a cumplir su misión.

La Constitución española regula en su artículo 27 el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y las sucesivas leyes educativas lo asumen, aunque de una forma que suscita con frecuencia la reacción de numerosos grupos educativos.

Religión y Ciudadanía

Cuestiones como la enseñanza de la Religión, la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía o la elección de centro, son ejemplos de esa interpretación por parte de las administraciones educativas del principio de libertad de enseñanza y del derecho de los los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que deseen, según sus principios morales o religiosos.

En el caso de la enseñanza de la religión, que es de obligatoria oferta para los centros y de libre elección para los alumnos, evaluable pero no computable para becas o acceso a la Selectividad, el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) mantiene la asignatura sin alternativa reglada. Esto significa para los padres que optan por la asignatura un incumplimiento de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado y un menosprecio de la materia,

Más conflicto y contestación ha creado la nueva disciplina de Educación para la Ciudadanía, que ha comenzado a impartirse este curso en 3º de la ESO de siete autonomías.

Como principio general, todos los grupos mencionados rechazan la materia y la tachan de «innecesaria». A partir de ahí, existen diferentes posturas: recursos a los tribunales, objeción de conciencia...

Concapa, Cofapa, CECE y USO defienden la objeción de conciencia para impedir que los alumnos cursen la asignatura. Esta decisión es también promovida por el Foro de la Familia y seguida por un numeroso grupo de organizaciones. Por su parte, FERE-CECA, aun rechazando la materia y respetando la decisión de los padres que decidan objetar, imparte la asignatura, en cumplimiento de la ley, ha elaborado una guía para que el profesorado adapte los contenidos al ideario católico de sus colegios.

«Servicio de interés social»

Padres, profesores y patronales de la enseñanza afirman también que las actuales leyes no garantizan sus derechos educativos y, por consiguiente, la libertad de elegir el colegio que desean para sus vástagos no es real.

En el documento «El derecho de los padres a elegir la educación en libertad», suscrito por Concapa y Cofapa con otros grupos de padres, profesores y alumnos (Ancee, CECE, CES, CODE, Educación y Gestión, FERE-CECA, FSIE y USO), se recogen los principios básicos de esos derechos.

El texto resalta que el derecho de los padres a elegir posee dos vertientes inseparables. «Es un derecho-prestación que legitima para recibir enseñanza, que es su objeto propio» y es un «derecho-libertad, que obliga a respetar la diversidad de los ciudadanos y la libertad de los padres a elegir escuelas distintas a las creadas por los entes públicos».

¿Y cuándo se satisface plenamente ese derecho a la educación? El manifiesto dice que «sólo se satisface plena y propiamente cuando se cubren esas dos vertientes». Por lo que, las organizaciones defensoras de la libertad de enseñanza afirman que «la educación no es un servicio público sino un servicio de interés general, que debe ser garantizado por las autoridades y que exige una oferta escolar plural». La posibilidad de elegir implica que convivan la enseñanza pública y la privada, que exista pluralidad de oferta, porque «mientras más variadas sean las escuelas, más se perfecciona el derecho a elegir».

¿Cómo articulan las organizaciones defensoras de la libertad de enseñanza el derecho que proclaman? Apoyados en la Constitución, reclaman el derecho a decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos; a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios, tanto en Primaria como en Secundaria y a elegir centro docente, ya sea público o privado.

En el lado opuesto y sin restar importancia al papel de los padres y a fomentar su participación, se encuentran la Confederación laica de padres Ceapa y otra entidades que defienden la escuela pública y laica.