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A ellas se suman sendas denuncias a Simyo y Lebara Móvil y otra al operador móvil virtual Pepephone, que finalmente optó por el diálogo y la denuncia culminó en una solución amistosa.

Facua criticó que las operadoras se aprovechan no sólo de la falta de controles de oficio por parte de las autoridades de Consumo autonómicas, sino de su enorme lentitud en la tramitación de las denuncias que reciben, ya que las sanciones se producen cuando hace meses, e incluso años, que las campañas finalizaron.

En este sentido, la asociación lamentó la "ridícula" cuantía de las multas para campañas que en la mayoría de los casos tuvieron inversiones millonarias.

La asociación también advirtió que, pese a que traslada al Instituto Nacional del Consumo (INC) todas sus denuncias, el organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo no elabora informes jurídicos sobre las campañas publicitarias ni impulsa actuaciones coordinadas entre las diecisiete comunidades autónomas, que de llevarse a cabo podrían traducirse en macroexpedientes sancionadores.

Facua alertó por último que en casi todos los casos, el carácter engañoso de la publicidad no se debe a errores de las compañías, sino a prácticas premeditadas que, además, se repiten pese a haber sido sancionadas en anteriores ocasiones por irregularidades muy similares.